El Decreto anti desahucios es una medida de protección que nació, y permanece activa, con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables de España. Tras los recientes cambios normativos, la medida estará en vigor, como mínimo, hasta el 15 de mayo de 2028. El objetivo del Gobierno es, según sus propias fuentes, garantizar una solución habitacional y la búsqueda de soluciones a medio plazo para personas que están pasando por problemas con su hipoteca.
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Prórroga hasta 2028
La prórroga de la suspensión de desahucios se traduce en un periodo de cinco años adicionales durante los cuales los desahucios de personas que se encuentren en una situación económica crítica se verán notablemente restringidos. En este sentido, la intención es evitar que familias que no puedan hacer frente a su renta mensual (siempre que no tenga otra alternativa habitacional) se vean obligadas a abandonar la vivienda.
El ámbito de aplicación de esta prórroga abarca a familias e individuos que demuestren que, debido a situaciones como la pérdida de empleo o enfermedades graves, no pueden hacer frente a sus obligaciones económicas. El margen de tiempo que les da el decreto anti desahucios se les otorga, en principio, para encontrar una solución a su problema bien por la vía económica o bien encontrando otro lugar para vivir.
¿Cuál es el origen de la protección a los deudores hipotecarios?
El conocido como decreto anti desahucios tiene su origen en el Real Decreto-ley 27/2012, que fue convalidado y convertido posteriormente en la Ley 1/2013. La normativa inicial establecía un periodo de suspensión de los desahucios de dos años para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad. Desde entonces, la medida ha sido prorrogada en sucesivas ocasiones para dar respuesta a las crisis económicas recientes y las dificultades de muchas personas para mantener su vivienda.
En 2015 se aprobó la primera prórroga por dos años, extendiéndose luego en 2017 por tres años adicionales y, finalmente, en 2020, en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, la medida se prolongó hasta 2024. Ahora se ha alargado nuevamente hasta el 15 de mayo de 2028.
Equilibrio entre protección social y apoyo a los arrendadores
Uno de los puntos clave de esta nueva prórroga es la inclusión de mecanismos para compensar a los arrendadores que se vean afectados por la imposibilidad de ejecutar el desahucio. Siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley, los propietarios podrán acceder a medidas de apoyo que busquen minimizar el perjuicio económico que puedan sufrir por la prolongada ocupación de su vivienda.
En este sentido, el Real Decreto-ley establece una compensación económica a los arrendadores, con el objetivo de mantener el mayor equilibrio posible entre las dos partes que siempre se ven afectadas en este tipo de situaciones.
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